¿En qué experiencia histórica o teoría contemporánea de la acción habrán basado sus decisiones en su intento de desmovilizar las manifestaciones? Y por lo demás, ¿están entendiendo realmente quiénes son los movilizados y qué demandan? Estas dos preguntas son las que intenta responder Nicolás Rojas, a través de la historia de los movimientos sociales.
El autor explica que en “un estado de emergencia, con toques de queda, ciertamente, reprime también los pacíficos cacerolazos. Cuando existen vías político-institucionales de reivindicación, diálogo, participación y negociación, la represión podría efectivamente “incentivar” la moderación y tener un efecto disuasivo; pero cuando los colectivos no son escuchados, son abusados y además reprimidos, son prácticamente compelidos a la acción violenta y a la radicalización”. Cita como ejemplo la situación de la Araucanía el año 2012, durante el primer gobierno de Piñera, que se radicalizó luego de optar por la regresividad de derechos.
Así, en los últimos días en Chile, mientras aumentó la represión y se limitaban las libertades, se intensificó el conflicto hacia sectores que antes no se movilizaban: “La represión indiscriminada del estado de emergencia –de gran dureza policial/militar y comunicacional– tuvo un efecto amplificador de la protesta y radicalizó transversalmente a la población. Sacar los militares a las calles no solo es ilegítimo, disruptor de nuestra historia democrática contemporánea, sino que también es inefectivo y contraproducente”.
Respecto de la violencia, Nicolás Rojas señala que “la superación de la violencia colectiva, entonces, no resultaría del combate de ideas o del control de los impulsos, sino de la transformación de las relaciones del Estado de Chile y la ciudadanía. Sobre todo, supone reformular la relación con las nuevas generaciones y con los sectores más excluidos y disconformes hoy movilizados”.
Bajar el estado de emergencia, proteger a la ciudadanía del vandalismo, y dialogar con los movilizados debiesen ser las primeras acciones: “Muchos ya no confían en las instituciones, el modelo está deslegitimado (y mal parchado, incluido el proceso constituyente trunco), pero también muchas y muchos tocan cacerolas y siguen creyendo en el diálogo. Esta es la oportunidad para reconstruir nuestra comunidad política, para reconstruir el tejido y la cohesión social, para transformar nuestro modelo de desarrollo y el sistema político en uno realmente legítimo para la ciudadanía (evidentemente se protesta ante un modelo abusivo e ilegítimo), pero antes que todo hay que sacar a los militares de las calles y resguardar la vida”.
