Pronunciamiento sobre grave situación en Nicaragua

El P. Rolando Alvarado, provincial jesuita de Centro América y Roberto Jaramillo, Presidente de la CPAL, se pronuncian sobre la situación en Nicaragua, la mesa de negociación que lideran los obispos, la participación de la UCA.
La situación es crítica. El gobierno de Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo ha ido cooptando todos los poderes del Estado, y el pueblo nicaragüense, ante esa falta de democracia, ha estallado en protestas populares. El puntapié inicial fue el intento de reformar el sistema de jubilaciones. Después de una fuerte, múltiple y masiva reacción popular, encabezada por jóvenes universitarios, Ortega tuvo que retirar el proyecto. Pero ya la conciencia del pueblo estaba atenta y su estrategia de retirada no alcanzó a desmovilizar el deseo de justicia y democracia.
La represión a los estudiantes universitarios, y a la población en general que apoyó masivamente su legítima y constitucional demanda, reflejó la vocación antidemocrática y autoritaria de la pareja presidencial y de los seguidores del aparato gubernamental y político. Hasta ahora hay 76 muertos, varios jóvenes desaparecidos, centenares de heridos y muchas personas encarceladas como resultado de la cruel represión cometida a través de fuerzas de choque paramilitares afines al gobierno y por los destacamentos antimotines de la policía.
El reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue claro: “La visión nuestra al llegar a Nicaragua era distinta a lo que vimos y luego de casi cinco días nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos”, dijo a periodistas la relatora especial Antonia Urrejola. “Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas”, dijo, aunque la delegación regresó con “maletas llenas” de documentación recabada. La CIDH reveló “graves violaciones a los derechos humanos” caracterizadas por “un uso excesivo” de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas; las recomendaciones de su informe preliminar no han sido aún asumidas y cumplidas por parte del gobierno.
Las recomendaciones de la CIDH
– Suspender cualquier acto de represión.
– El Estado debe garantizar el derecho a la protesta.
– Solicitan crear un mecanismo de investigación internacional.
– Garantizar la seguridad de los manifestantes, en especial de los estudiantes y sus familiares y los defensores de los derechos humanos.
– Ofrecer garantías para proteger a quienes denunciaron represión y abstenerse de tomar represalias contra ellos.
– Tomar medidas para investigar a los responsables de los actos de violencia y respetar las garantías del debido proceso para quienes están detenidos.
– Asegurar que los operativos de seguridad cumplan los estándares internacionales.
– Desmantelar a los grupos parapoliciales y adoptar medidas para prevenir que sigan actuando.
– Respetar la independencia de los medios de investigación.
– Abstenerse de declaraciones públicas que estigmaticen a otras personas.
– Sistematizar a personas atendidas en hospitales públicos y privados y publicar estos datos.
– Investigar las denuncias de obstaculización en la atención de salud en los centros hospitalarios públicos.
– Ratificar los instrumentos internacionales, en especial la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada.
– Mantener la apertura al escrutinio internacional, abriendo puertas para todos los órganos internacionales.
– Comprometerse a implementar un mecanismo de seguimiento para verificar la implementación de las recomendaciones y programar un calendario para nuevas visitas de la CIDH.
La Conferencia Episcopal nicaragüense, en cabeza del Cardenal Monseñor Leopoldo Brenes, aceptó la solicitud del gobierno de hacer de mediadora y testigo en una “mesa de diálogo” que pusiera en marcha un proceso de justicia y democratización del país; para ello se convocó a sectores representativos y claves para el éxito de las negociaciones tales como: estudiantes, universidades, empresarios, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, organismos de iglesia y delegados del gobierno. Durante la primera fase del diálogo el gobierno de Ortega y Murillo se mostró evasivo y mentiroso diciendo una cosa en las conversaciones (transmitido por medios y redes sociales) y haciendo otra: continuó reprimiendo al pueblo que expresaba pacífica y legítimamente su inconformidad.
En virtud de esa estrategia de doble cara, el irrespeto de una tregua pactada y al poco avance en la negociación, los obispos decidieron suspender las sesiones de la Mesa e integrar una Comisión mixta de representantes gubernamentales y de la Alianza civil por la justicia y la democracia. Tres por cada una de las partes, con la finalidad de llegar a acuerdos mínimos. Asimismo denunciaron las amenazas y ataques a miembros de la Conferencia Episcopal, en especial a Monseñor Silvio Báez, y a sacerdotes y religiosas que han estado auxiliando y apoyando humanitariamente a las víctimas de la represión.
Pese a que el gobierno calificó de “ruta para un golpe de estado” la agenda presentada para hacer justicia y democratizar el país, la Conferencia Episcopal ha vuelto a convocar a una nueva ronda de diálogo, prevista para los próximos días. Mientras tanto, en lo que va de esta semana la represión se ha reactivado. Se atacó a la universidad jesuita -UCA- con actos vandálicos para asustar a directivos, docentes y funcionarios, se tiró a matar (y de hecho murió un joven) se golpeó y apresó a más de veinte universitarios de la UNI (Universidad Pública de Ingeniería), y el día de ayer, 30 de mayo, con ocasión de celebrarse el día de la madre, al finalizar una multitudinaria manifestación pacífica convocada en solidaridad con las madres de los asesinados -ellas encabezaron la manifestación- nuevamente operó la represión. Fueron millares las personas que se refugiaron en la UCA, cuyas autoridades abrieron sus accesos ante los disparos a los manifestantes provenientes de francotiradores y el ataque de las “fuerzas parapoliciales” afines del gobierno. Hubo dos personas asesinadas entre los manifestantes y se atendieron numerosos heridos. Impactantes han sido las imágenes del ataque a la población indefensa que celebra y protesta pacíficamente.
Los Jesuitas de la Provincia Centroamericana junto con la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL, condenamos esa injustificada y brutal agresión a manifestantes que reclaman pacíficamente democracia, transparencia y justicia; expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas y familiares de esta cruel represión; ratificamos nuestro total respaldo a la comunidad universitaria de la UCA que, fiel a su lema “solo la verdad los hará libres”, se ha sumado al clamor de justicia y democracia de la gran mayoría de los nicaragüenses, en particular de las juventudes y a su Rector el P. José Idiaquez; reafirmamos nuestro incondicional apoyo y servicio a la labor de mediación que ejercen los obispos nicaragüenses buscando una solución negociada pero siempre justa y democratizadora frente a la crisis del gobierno nicaragüense; hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales, en particular a la OEA y a los gobiernos democráticos del mundo para exigir y respaldar la democratización del país ahora que los canales de diálogo están abiertos.
¡No hay que esperar a que más sangre sea derramada y no hay solución que no pase por el diálogo y la concertación!
Animamos a TODOS los actores y sectores, en particular a los jóvenes y a los representantes de las iglesias, a no ceder ante las estrategias del miedo y de la represión. No hay que salirse del diálogo y no hay que permitir que este instrumento sea inutilizado. No hay que dejarse engañar por los discursos de una paz fundada en el silencio, la corrupción, el terror y la violencia; la paz verdadera se construye entre todos con verdad, transparencia y participación lo más amplia posible. Ella es fruto del encuentro entre la verdad y la justicia, garantía de libertad y reconciliación verdaderas.
 
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El Centro Internacional de Formación de la Compañía de Jesús ubicado en Santiago de Chile, donde residen jesuitas de toda Latinoamérica que estudian Teología, también se hizo partícipe de esta preocupación a través del siguiente comunicado.
 
 

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