La migración es un fenómeno complejo y dinámico, que depende de diversos factores, y los efectos disuasivos han probado ser inefectivos en contextos como el de la crisis regional que vivimos en el continente.
Por Gabriela Hilliger, Jefa jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes
Artículo publicado en Revista Jesuitas Chile n. 57
La agenda pública de las últimas semanas ha tenido en diversos titulares la expulsión de ciudadanos extranjeros, todo esto en un contexto de un proceso constitucional que incorporaba una norma sobre expulsiones en la propuesta.
De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos del 20 de noviembre de 2023, un 69% de los chilenos está de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Frente a una ciudadanía muy preocupada por la seguridad pública, la percepción de que la migración se ha traducido en un aumento de criminalidad, nutre la demanda inmediata por medidas de control de fronteras más estrictas. Ahí, aparece con popularidad la expulsión de ciudadanos extranjeros con urgencia y sin matices.
La propuesta constitucional recién rechazada incorporaba una norma que mandataba la expulsión en “el menor tiempo posible”, sin embargo, luego de la noticia del rechazo del gobierno de Venezuela a que un vuelo con varias personas de esa nacionalidad expulsadas de Chile aterrizará en su suelo, dicha promesa chocó con la realidad de las complejidades que implica expulsar a ciudadanos extranjeros.
La expulsión es la sanción más grave en el derecho migratorio. Por lo mismo, está reservada para las infracciones más severas a nuestra ley. Es importante, además, tener presente que ejecutar una expulsión implica un alto costo económico para el gobierno de Chile. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirmó durante este año, en la Comisión Investigadora de Criminalidad de la Macrozona Norte, que expulsar a migrantes del país tiene un costo de hasta $2,7 millones de pesos por persona para el Estado.
Por lo antes expuesto, el priorizar dónde hacer uso de esta herramienta legal se hace especialmente relevante. Si se trata de la expresión de la desaprobación más importante ante el actuar de una persona extranjera que, además, resulta muy costosa, se hace fundamental analizar cuándo y cómo expulsamos. En ese sentido, es materialmente imposible expulsar a toda persona migrante en situación irregular, no solo por las obligaciones de derecho internacional que hemos adquirido como país (como respetar el principio de no devolución), sino por los altos costos y requerimientos de coordinación regional que un procedimiento de expulsión requiere.
Esta verdad ha hecho que muchos países prioricen en sus expulsiones a personas con serios antecedentes penales y/o personas con escaso arraigo en el país, comprendiendo que expulsar es un ejercicio de ponderación de un conflicto entre diversos derechos en juego. Por un lado, está el derecho a proteger la soberanía de un país de decidir quién y cómo ingresa a este, pero, por otro, está el derecho a la libertad de circulación, y en casos de migración forzosa, diversos derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
Frente a esa realidad, cabe preguntarnos como sociedad qué haremos con todas aquellas personas que no serán expulsadas y que viven en medio de nosotros, como vecinos, colegas, que nos prestan servicios, etc. Si la discusión acerca de la migración, y en específico sobre expulsiones, no se acompaña de medidas de regularización a quienes corresponda debido a su arraigo en Chile, su contribución al país por medio de su trabajo, su vínculo con familiares, así como la situación que vivían en su país de origen, no lograremos avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular. La migración es un fenómeno complejo y dinámico, que depende de diversos factores, y los efectos disuasivos han probado ser inefectivos en contextos como el de la crisis regional que vivimos en el continente. En ese sentido, mientras la alternativa a la expulsión sea el no tener cómo satisfacer las necesidades de su familia, las personas buscarán la manera de encontrar un mejor porvenir.
Lo que conlleva una expulsión es, en la mayoría de los casos, la frustración de un proyecto migratorio de proveer una vida más digna a una familia. Esta contracara, a tal medida, no puede ignorarse y, por lo mismo, debemos ser capaces de entender que se trata de una herramienta a usar juiciosamente, así como la necesidad de ampliar el debate desde el reconocimiento al legítimo uso de la expulsión como forma de resguardar las fronteras para permitir que personas puedan migrar legalmente y acceder a un estatus migratorio regular. JCh
