Lo sucedido con algunos vecinos del sector de la rotonda Atenas, quienes se manifestaron con un cacerolazo en oposición al proyecto de viviendas sociales impulsado por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, toca un tema que ha estado bastante invisibilizado en el país: la equidad territorial.
Desde Fundación Vivienda y el Centro de Investigación Social de TECHO-Chile, comentan para Jesuitas Chile dicha problemática y lo que cada una de estas instituciones hace al respecto.
FUNDACIÓN VIVIENDA: EL DERECHO A SOÑAR CON UN LUGAR EN LA CIUDAD
En Chile existen 1.150.000 personas en situación de allegamiento y/o hacinamiento (CASEN 2015). Ellas muestran una realidad dura e invisible. Están dispersas en todo el territorio nacional y representan el 90% del déficit habitacional. El allegamiento y el hacinamiento crítico afecta todas las dimensiones de la vida: violencia intrafamiliar, falta de espacio, promiscuidad, adicciones y relaciones asimétricas, entre otros.
El allegamiento y el hacinamiento crítico afecta todas las dimensiones de la vida: violencia intrafamiliar, falta de espacio, promiscuidad, adicciones y relaciones asimétricas, entre otros.
Fundación Vivienda trabaja con las familias que muestran la cara más dura de la exclusión y desigualdad en el acceso a la vivienda y a la ciudad. Es el síntoma de una realidad que nadie ve y que es urgente instalar en la agenda pública. Por ello, se han planteado seis propuestas de acceso a la vivienda y construcción de ciudades equitativas e inclusivas para familias allegadas, agrupadas en el documento “Un lugar en la ciudad”. Estas son:
1) Densificación urbana: Para enfrentar la segregación, se requiere mayor disponibilidad de suelo bien localizado, potenciando enfoques de regeneración urbana en sectores ya consolidados.
2) Priorizar subsidios para proyectos de pequeña y mediana escala: Una herramienta clave para la consolidación y regeneración de nuestras ciudades, evitando la expulsión de las familias hacia la periferia.
3) Nuevas soluciones: Se deben flexibilizar y diversificar los instrumentos para generar radicación y luego densificación de la ciudad consolidada, explorando la inversión pública para arriendos protegidos. Debemos desarrollar nuevos mecanismos de crédito para los sectores medios y emergentes; e incentivos a las familias que quieran adquirir una vivienda.
4) Densificación integrada: Promover el fortalecimiento de los lazos vecinales existentes, manteniendo el tejido social de los barrios, privilegiando la radicación de familias residentes, sumando a nuevas familias de diferentes estratos y así generar mayor mixtura social.
5) Regeneración y nueva infraestructura: Se propone la creación de nuevos indicadores que, sumados al Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano lanzado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, aseguren estándares mínimos que ayuden a tomar las mejores decisiones para todos los ciudadanos.
6) Nuevos desafíos habitacionales: La composición de nuestra sociedad está sufriendo cambios importantes. Por una parte, la población envejece rápidamente y, por otra, hay un importante flujo migratorio que supera el 6% de la población. ¿Estamos respondiendo a estos desafíos?
Urge diseñar un nuevo enfoque en política habitacional, generando instrumentos y programas que aborden con mayor pertinencia el desafío de regeneración urbana y acceso a la ciudad para las familias y personas más vulnerables, privilegiando la densificación de media altura e incluyendo de manera vinculante en su diseño a la sociedad civil (ONGs, organizaciones de base, comunidades).
TECHO: BARRIOS 20/60 PARA VIVIR ENTRE DISTINTOS
Una ciudad justa combate la segregación. Es a través de la integración social que derribamos los estigmas, disminuimos la inseguridad entre vecinos, potenciamos el acceso a servicios públicos y construimos una sociedad más igualitaria e inclusiva.
Es por esto que seguimos la línea del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en materia de solidaridad urbana, y proponemos la Ley Barrios 20/60: que todos los barrios urbanos de Chile tengan entre un 20% y un 60% de viviendas sociales en que habiten familias con menos recursos. ¿Por qué? Porque de esa forma las familias de menores ingresos pueden contar, sin importar su poder adquisitivo, con los beneficios de las comunas y barrios más consolidados, como acceso a áreas verdes, transporte público, centros educacionales y de salud, entre otros; y porque se rompe con la exclusión de las comunas de menores ingresos, mejorando su estándar urbano a través de la inversión pública, atrayendo la inversión privada y a familias de otra situación socioeconómica.
Podemos incorporar la Ley Barrios 20/60 mediante:
1) Planos reguladores que establezcan estándares de integración social y que definan zonas con porcentajes obligatorios de viviendas sociales, según el déficit de cada comuna.
2) Incentivos en comunas con buena accesibilidad urbana que permitan mayor densificación en la construcción de viviendas que busquen la integración social.
3) Inversión pública preferencial en comunas altamente segregadas en materias de conectividad, áreas verdes o desarrollo productivo, que atraigan la inversión privada y viviendas de mayor costo.
4) Asignación presupuestaria para la creación de un banco de suelo público que permita utilizar terrenos del Estado o comprar nuevos terrenos, para construir viviendas sociales en sectores con menos incentivos para el sector privado o donde los precios del suelo frenan los proyectos.
Si alcanzamos el estándar 20/60 cambiaríamos radicalmente la forma en que están compuestas nuestras ciudades. Creemos que nuestro país está preparado para este salto. La integración social se puede hacer realidad. Así, reducimos el déficit habitacional, contamos con viviendas sociales mejor localizadas y optimizamos los servicios en barrios vulnerables.
