El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Comisión de Salud y Migración del Colegio Médico de Chile y distintas universidades y centros de estudios presentaron propuestas orientadas a la situación de personas extranjeras en Chile ante la crisis generada por el COVID-19, bajo la premisa de que “muchas personas migrantes y refugiadas hoy ven en riesgo sus vidas y al mismo tiempo están salvando vidas en oficios esenciales”, señaló el Director Nacional del SJM, José Tomás Vicuña SJ.
Las propuestas van en dos líneas: facilitar que médicos y profesionales de la salud con estudios en el extranjero se incorporen a los equipos de asistencia médica y al mismo tiempo tomar medidas para proteger a la población migrante que se encuentre en una situación de vulnerabilidad crítica.
La primera propuesta apunta a que “hoy tenemos la posibilidad de salvar vidas si sumamos a profesionales de la salud que estudiaron en el extranjero y que no pueden sumarse a la batalla contra el coronavirus porque aún no logran convalidar su título”, señala José Tomás Vicuña SJ.
“El 7 de marzo se publicó un decreto en el Diario Oficial que autoriza la contratación y ejercicio de médicos extranjeros cuyo título no esté revalidado o convalidado en Chile, pero hasta ahora hemos visto lentitud en la concreción.” En esa línea, proponen implementar extraordinariamente mecanismos de convalidación expedita de títulos a profesionales de la salud obtenidos en el extranjero y permitir la integración de profesionales en labores de apoyo a equipos de salud en el caso de que aún no hayan convalidado sus títulos.
Un ejemplo de la oportunidad que no se está aprovechando es el caso de médicos venezolanos. Guarequena Gutiérrez, representante diplomática de Venezuela en Chile, señaló “tenemos una base de datos de cerca de dos mil médicos venezolanos que están dispuestos a trabajar por la situación de la pandemia -algunos tienen la prueba Eunacom y otros no la tienen- que no están trabajando como médicos. En este momento, es menester que pasen a formar parte de la primera fila de la salud, para ayudar tanto a los chilenos como a todos los habitantes de Chile”.
Respecto de la protección de la población extranjera, migrante y refugiada, señala que “es fundamental que el Estado no discrimine en el acceso al tratamiento médico o a la ayuda económica básica por la situación administrativa de las personas: si están en situación irregular, si son turistas o si tienen residencia no es lo más importante, pues si no tienen recursos para comer o pagar un tratamiento no podemos dejarlos en segundo plano.” Al mismo tiempo, plantean la necesidad de flexibilizar excepcionalmente ciertos procedimientos en el acceso a visados para facilitar la regularidad migratoria.
Por otra parte, se indica que los niños, niñas y adolescentes migrantes pueden verse en un contexto de especial vulnerabilidad, pues los hogares migrantes presentan mayores índices de hacinamiento y allegamiento, lo que los expone a posibles situaciones de abuso o violencia. “Ante eso, es fundamental que se establezcan y difundan canales de información y denuncia expeditos y accesibles para los menores migrantes, especialmente los que están en contextos de mayor vulnerabilidad” señaló el sacerdote jesuita.
Las propuestas fueron presentadas por el Servicio Jesuita a Migrantes; la Comisión de Migración y Salud del Colegio Médico de Chile (Comisión de Salud y Migración); la Clínica de Atención Jurídica a Migrantes de la U. Alberto Hurtado; el Programa de Estudios Sociales en Salud de la U. del Desarrollo; la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales; el Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios; el Instituto de Estudios Avanzados de la U. de Santiago; el Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la U. Mayor; y la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile. El detalle de las medidas está disponible en el sitio www.migracionenchile.cl
