Comunicado de prensa

La Compañía de Jesús informa a la opinión pública que el 29 de septiembre de este año fue notificada de una demanda civil interpuesta por cuatro ex alumnos del Colegio San Ignacio El Bosque. La acción judicial imputa a la Compañía, por una parte, una serie de conductas, actos u omisiones que se habrían ejecutado con posterioridad al año 1992 y les habría producido daño sexual y psicológico a los demandantes. Por otra parte, de manera subsidiaria, y en el caso de que el tribunal no acogiera la acción principal, se demanda a la Compañía para que esta sea condenada a pagar por los mismos daños antes señalados como consecuencia de las situaciones de connotación sexual cometidas por Jaime Guzmán A., quien fuera capellán y profesor del colegio al momento de los hechos,1989 y 1992. Estas situaciones, dicen relación con las fotografías que eran tomadas y publicadas por Jaime Guzmán A. en un diario mural del colegio, hechos que nos parecen inaceptables e impropios y nos merecen el mayor reproche, por lo que hemos pedido pública y privadamente perdón a los afectados y sus familias, demostrando un interés permanente por las víctimas de estos hechos. Reconociendo de esta manera nuestra responsabilidad ética.
En ese sentido la Compañía, voluntariamente, había ya establecido contacto con los demandantes a través de su Centro de Prevención y Reparación (CPR), con el objetivo de acogerlos, escucharlos, dialogar y buscar en conjunto acciones concretas de reparación, respecto de las cuales lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo.
Durante este proceso, hemos investigado, condenado y sancionado los hechos. También hemos avanzado en distintos caminos de reparación, los que son coherentes con la naturaleza de los actos de abuso, lo que es dialogado abierta y transparentemente con los denunciantes y sus representantes, y que es ponderado por profesionales. En el caso de las víctimas de Jaime Guzmán, la Compañía de Jesús ha establecido acuerdos de reparación con todos sus denunciantes, a excepción de los cuatro demandantes. Esto, sin mediar la acción de los tribunales, y aun existiendo prescripción ante la justicia sobre varias de las acusaciones contra Guzmán.
Cabe recordar que, a fines de 2010 se recibió la primera denuncia en contra de Jaime Guzmán por hechos distintos a los que sufrieron quienes hoy nos demandan, la que dio lugar a la apertura de una primera investigación previa canónica en su contra y luego de la que se le impuso a Guzmán una sanción que implicó la prohibición total de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, así como el contacto con menores de edad. Esta pena fue establecida en 2012 y luego ratificada en 2017. El contenido de dicha sentencia y el detalle de la misma fueron comunicadas en su oportunidad a las personas que participaron en el proceso. El caso no se hizo público por expresa petición y protección de uno de los denunciantes.
En enero de 2018, a raíz de una nueva denuncia contra Jaime Guzmán A., la Compañía hizo un llamado público a entregar información y testimonios relacionados con el caso. El 30 de enero de ese mismo año se informó a la opinión pública que el Provincial de la época había encargado al abogado Waldo Bown realizar una investigación previa ante los nuevos antecedentes. Una vez finalizada dicha indagatoria, fueron enviadas sus conclusiones a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad que el 10 de octubre de 2018 encomendó al Superior General de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa SJ, abrir un proceso administrativo penal contra el P. Jaime Guzmán Astaburuaga SJ, luego de considerar verosímiles las denuncias, las que daban cuenta de situaciones de diversa índole.
Este proceso administrativo penal finalizó en julio de 2019. El Superior General de la Orden decretó como pena para Guzmán su dimisión del estado clerical y su expulsión de la Compañía de Jesús, por abusos sexuales a menores de edad. Además, al inicio del proceso la Compañía informó al Ministerio Público sobre esta situación, a través de la Unidad de derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales.
Si bien hemos implementado medidas de reparación concretas, en diálogo con las víctimas, nos parece completamente legítimo que algunas opten por el camino judicial, sobre todo considerando que los tribunales son el ente estatal llamado a administrar la justicia. Mientras, seguimos estando disponibles para buscar, en conjunto con los denunciantes, caminos de diálogo y sanación con cada uno de ellos, que se ajusten a la realidad de los hechos y que podamos hacer viables de acuerdo a nuestros límites desde lo material, relacional y simbólico.
Como Compañía de Jesús reiteramos nuestro compromiso para avanzar en verdad y justicia en el cuidado de las personas que han sido víctimas de abuso, así como en el respeto al debido proceso y a la ley.