Obras e instancias relacionadas con la Compañía de Jesús en Chile, desde sus distintos ámbitos de trabajo, hablan de lo que esperan del trabajo de la Convención Constitucional.
Por Andrés Mardones
Artículo publicado en Revista Jesuitas Chile n. 53
“Nuestro país tiene una inmensa urgencia de que un mínimo, al menos, de bienestar sea extendido a gran número de ciudadanos que hoy carecen de una vida que se pueda llamar humana”. Palabras de San Alberto Hurtado que mantienen su vigencia, más aún hoy, cuando estamos inmersos en el proceso de redacción de una nueva Constitución.
Ese bienestar, esa vida más humana que reclamaba el Padre Hurtado, también es una urgencia para diversas obras e instancias ignacianas. En las siguientes líneas, algunas de ellas, y desde sus distintos ámbitos de trabajo, nos dicen qué esperan del trabajo de la Convención Constitucional.
“Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desventajados, lo cual implica que los grupos vulnerables descritos en el documento ‘Constitución y Pobreza’, que el Hogar de Cristo y otras ocho organizaciones redactaron, sean parte de las discusiones para una nueva Constitución. Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos. El estallido social se explica en una suerte de lógica de postergación de los grupos más excluidos, a quienes no se les ha hecho partícipes de la solución de sus problemas. Este es el momento y una oportunidad histórica de hacerlo”, dice Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar.
Desde INFOCAP, y en la voz de su director ejecutivo, Danilo Núñez, creen que “el desarrollo de una nueva Constitución nos permite integrar tanto el diagnóstico que hemos constatado desde las cifras y la experiencia directa respecto de las condiciones del mundo laboral, con propuestas que serán esenciales para garantizar las bases del desarrollo del país. En esa línea, proponemos la incorporación de medidas de protección del trabajo, tanto en condiciones de dependencia como en el trabajo por cuenta propia, el reconocimiento al derecho a una remuneración justa atingente a las necesidades de las personas y sus familias, la garantía de igualdad de género y la prohibición de la discriminación arbitraria. Finalmente, promover un sistema de formación y capacitación a lo largo de la vida con garantías de acceso y calidad para todas y todos, con especial atención a las personas con menores niveles de formación. Y un sistema de intermediación laboral que considere las necesidades y capacidades de las personas y los requerimientos de los sectores productivos con validez y atingencia territorial para las diferentes regiones del país”.
La Comunidad Jesuita de Tirúa y el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, también expresan su parecer: “Cuando los chilenos, los winkas, pensamos en la pobreza y exclusión presente en el territorio mapuche, solemos elucubrar alternativas de fomento al empleo o del emprendimiento individual. Y eso han hecho los gobiernos, con más o menos recursos, pero sin atender los problemas estructurales de fondo que aquejan al territorio. Usualmente se toman medidas sin consultar al Pueblo Mapuche y sin atender la especificidad histórica y cultural del territorio. En la publicación ‘Constitución y Pobreza’, intentamos recoger y sistematizar las principales propuestas y demandas de las organizaciones mapuche y de sus comunidades (…) que debería incluir la nueva Constitución y que estaban presentes en las propuestas de las 39 candidaturas mapuche a la Convención, en dos informes gubernamentales y en las declaraciones y programas políticos de diez organizaciones mapuche. Destacamos la necesidad de consagrar: 1) La Plurinacionalidad, la autonomía y la autodeterminación; 2) El Reconocimiento del Pueblo Mapuche como sujeto de derechos políticos y colectivos; 3) El Reconocimiento de sus instituciones y tradiciones; 4) Derechos territoriales y medioambientales; 5) El Buen Vivir como proyecto de sustentabilidad socioambiental; y 6) Derechos lingüísticos y a la salud intercultural. Nos parece importante establecer la participación y consulta del Pueblo Mapuche en todos los niveles del Estado, sin que sea una excepción histórica su protagonismo hoy alcanzado en la Convención. Creemos que para ejercer la autonomía se debe desarrollar un piso de bienestar básico en el territorio, pues se dificulta el ejercicio de la autonomía desde la pobreza”.
La hermana Nelly León, desde la Pastoral carcelaria, en tanto, espera que “sea una Constitución que promueva la dignidad de todas las mujeres, y de manera especial la de las privadas de libertad, considerando que lo único que han perdido es la libertad y no los demás derechos, incluyendo el derecho a voto. Además, que contemple como derecho la reinserción social, considerando que la privación de libertad sin reinserción no es efectiva, al contrario, produce solo daño a las personas, sean hombres o mujeres”.
Educación y constitución
Germán Villarroel, Asistente del Delegado para la Educación Escolar, nos cuenta lo que han reflexionado en el área al respecto. “En el proceso constitucional que recorremos como país, se han ido produciendo modos inéditos de construir el Chile que soñamos. Junto con estos avances, se van suscitando expectativas en la opinión pública que entrecruzan incertidumbres, temores y esperanzas; y el ámbito educativo no está ajeno a esta dinámica. En esta línea, diversos agentes vinculados a la educación han colaborado con el procesamiento de estas expectativas, aportando a la discusión sus visiones, reflexiones y propuestas, dotando de profundidad a muchas consignas que requieren mayor examen y discernimiento. Sumándonos a este Espíritu de profundización, identificamos una saludable y crucial tensión que nuestra Constitución debiera integrar y de la cual se desprenderán múltiples implicancias y orientaciones: la Constitución debiera ser la oportunidad para consagrar el derecho a la educación con principios que den garantías universales, a la vez que debiera promover la diversidad de proyectos educativos que representen el pluralismo cultural propio de nuestro país, posibilitando así procesos educativos integrales, de calidad, inclusivos y con valor público.
Como lo señala el Área de Educación de la Conferencia Episcopal, la educación como derecho debiera establecer garantías de acceso, elección, permanencia y egreso. En tal sentido, correspondería generar condiciones de equidad para la cobertura y calidad en educación, minimizando las brechas en oportunidades y recursos que tanto han fragmentado a nuestra sociedad. Este rol garante, debiera dialogar con una oferta pedagógica que abrace el pluralismo cultural y territorial, donde se ponen en valor diversas creencias, cosmovisiones y tradiciones, incluida la católica. En ese sentido, lo central será acordar un encuadre constitucional que asegure que los diversos proyectos educativos se desplieguen respetando mínimos intransables, de manera de cultivar la dignidad humana y su desarrollo, respetando derechos y libertades fundamentales, junto a principios democráticos insoslayables. Allí, ubicamos al proyecto de una educación católica, que no renuncia a su propuesta formativa integral espiritual y religiosa, a la vez que no genera exclusiones que agudicen las heridas de tantas y tantos.
Confiamos que la Constitución integre estas dimensiones, ofreciendo un marco general que medie y produzca equilibrios en estas tensiones. Esperamos una normativa que evite, por un lado, los excesos de una hiperregulación y que, por otro, restrinja proyectos arbitrarios que atenten contra el desarrollo humano. De esta forma, se fomentarán comunidades de encuentro, participativas, colaborativas y dialogantes, cuyo centro gravite permanentemente en las y los estudiantes, como sujetos de una formación multidimensional que se oriente hacia su plenitud y la de su entorno. En esta línea soñamos nuestras comunidades educativas y nuestros modos de relacionarnos en red, ofreciendo una tradición educativa viva que bebe de la fuente de la espiritualidad ignaciana y que está atenta a los signos de los tiempos. Esta tradición anhelamos ofrecerla, asumiendo con verdad nuestras limitaciones y tomando conciencia de nuestra parte y responsabilidad en la reproducción de muchas de las injusticias que hoy anhelamos transformar. Asimismo, reconocemos también el valor de tantas otras propuestas educativas, con las que aspiramos colaborar en este nuevo pacto, estando disponibles a la acción de Dios y la construcción de su Reino, en miras a un país más fraterno, justo y equitativo”.
