La Compañía de Jesús en Chile informa que ha recibido del Superior General, P. Arturo Sosa SJ, dos decretos relacionados con el P. Leonel Ibacache SJ. Se trata de un decreto extra-judicial, que concluye el proceso penal administrativo ordenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), y que establece que los delitos de abuso sexual en contra de cinco menores de edad han quedado claramente establecidos por la investigación y confirmados en el proceso.
La CDF pidió al Padre General imponer las sanciones por estos delitos, por lo que el decreto mencionado establece una pena perpetua que le prohíbe, sin límite de tiempo, celebrar los sacramentos en público o en privado; ejercer cualquier ministerio pastoral y tener contacto con menores de edad.
El segundo decreto del Superior General determina la expulsión del P. Ibacache de la Compañía de Jesús, según los términos del canon 695 del Código de Derecho Canónico.
Cabe recordar que en febrero de 2018, el P. Cristián del Campo SJ, entonces Provincial, recibió una denuncia de abuso sexual en contra del P. Ibacache. Por ello, decretó la apertura de una investigación previa, a cargo del abogado Sr. Waldo Bown. En el cumplimiento de ese encargo, el Sr. Bown recibió el testimonio de cinco denunciantes, los que acusaron al P. Ibacache de graves delitos contra menores. Las víctimas tenían menos de 16 años al momento de ocurridos los hechos (entre 1968 y 1995).
Considerando su deterioro mental y físico, propio de sus 96 años de edad, el P. Ibacache seguirá viviendo en casas de la Compañía, bajo cuidados médicos y cumpliendo las penas impuestas.
Al concluir este proceso canónico, y tal como lo estamos haciendo en otras dolorosas situaciones, nuestra primera prioridad será poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas en sus procesos de reparación.
Exponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vulneraciones del Estado de Chile al derecho al asilo
Macarena Rodríguez, académica representante de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y vicepresidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también en representación de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y de distintas organizaciones de la sociedad civil que adhirieron a esta solicitud, entre ellas, Migrantas y Asoven.
